Las fraudulentas concesiones de las centrales hidroeléctricas de los años 90, han llegado a su término, es la oportunidad de los gobiernos provinciales de barajar y dar de nuevo, esta vez con mejores cartas sobre la mesa, ya que ambas provincias son poseedoras de un recurso clave para la Nación; el Gas y el Petróleo de Vaca muerta. 

Estas represas se financiaron con préstamos internacionales y se amortizan completamente con el esfuerzo de los contribuyentes de la Nación Argentina en su conjunto, en el marco que brindaban las grandes empresas estatales Agua y Energía eléctrica SE e Hidronor SA, cuya capacidad de ingeniería y respaldo económico financiero le sirvieron para formar a cientos de ingenieros y técnicos capaces de diseñar y construir grandes emprendimientos hidroeléctricos.  Permitiendo al país dar un salto muy importante en productividad y calidad de vida de todos los habitantes de este país. 

La empresa Hidronor SA, creada en 1967, por exigencias del Banco Mundial, con el 51 % de participación estatal. Tenía bajo su responsabilidad la gestión de casi todo el sistema de producción hidroeléctrica de la Norpatagonia. Seis centrales (El Chocón, Planicie Banderita, Arroyito, Alicurá, Piedra del águila, Pichi Picún leufu) y varias más en proyecto (Michi huao, Collón cura, Chihuidos). Con esto su capital de trabajo era enorme (estimado en 25.000 Millones de USD, entre centrales, edificios, laboratorios, tierras, vehículos y equipamiento especial), caracterizada por una impecable y eficiente gestión, cuyo mayor activo, sin embargo, era su muy capacitado recurso humano. En síntesis, el corazón de Hidronor se centraba en las capacidades tecnológicas de la compañía.

30 años han sucedido a su desguace y concesión de las represas, nada positivo le ha dejado al país esta política, privándolo de la posibilidad de ampliar su capital Hidroeléctrico, mejorar sus capacidades tecnológicas, convertirse en un jugador global y exportar conocimiento, infligiendo una herida enorme a la soberanía nacional.  

Y acá estamos, nuevamente siendo testigos de otra entrega gratuita del patrimonio nacional, a operadores internacionales que no han invertido en las centrales más que en una mano de pintura y un sistema de control que amenazan con llevarse si deben dejarlas. 

Corriendo el riesgo de una Crecida Máxima Probable del Río Neuquén, que los Expertos de AIC, han evaluado en alrededor de 25.000 m³/segundo, debido al cambio climático que estamos experimentando por efectos del calentamiento global, y que sin dudas podría generar un desborde sin control de las presas del Complejo Cerros Colorados, con impacto catastrófico sobre las propiedades, bienes y vidas de las personas, empresas y ciudades de la región.  

Es primordial y urgente disponer de los recursos para la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuidos I y II, como también del aseguramiento que permita mitigar el daño y el impacto residual una vez producida una posible catástrofe de esa índole que podría afectar la vida de casi 700 mil personas que aquí habitamos. 

El monto que el ministro Caputo anunció se recaudaría por la re concesión, 500 millones de dólares, es un monto irrisorio  menor a la facturación de un solo año del conjunto de las represas, con lo cual no se justifica desde  el punto de vista de la recaudación estatal, en cambio se pierde la posibilidad de ingresar a las arcas del estado esos 500 millones de dólares todos los años durante 30 años más, alrededor de 15 mil millones de dólares que se llevarían los concesionarios a cambio de simplemente operar las centrales.  Claramente un pésimo negocio para el país.

Todo este proceso, llevado a cabo en la más absoluta oscuridad, sin audiencia pública,  absoluta reserva y en el marco de una clarísima extorsión económica a los gobiernos provinciales cuya dignidad parecería quedar salvada cobrando a los concesionarios un miserable 1% en concepto de Canon por el uso del agua, y soportando una reducción de las regalías, con lo cual no cambia para nada el monto abonado por los concesionarios y con el agravante de negarles absolutamente la posibilidad de mantener el paquete accionario que ya poseían. 

Claramente un nuevo pésimo negocio para el país, y aún peor para los gobiernos provinciales, debilitados por el ajuste económico y la ausencia de fondos para las obras públicas necesarias para el desarrollo, pero principalmente por una actitud timorata y carente del coraje y las condiciones necesarias para enfrentar cabalmente este atropello a la dignidad de los habitantes de la región.