Un análisis sobre el reciente convenio firmado entre las provincias y la Nación por las represas de la región.
El reciente anuncio de acuerdo entre las provincias de Neuquén y Río Negro y el Gobierno Nacional sobre las represas del Comahue, abre un nuevo escenario que merece una mirada atenta.
Desde el Foro en Defensa de Nuestros Ríos y Represas entendemos que este proceso debe evaluarse desde dos planos complementarios: por un lado, lo que se habría logrado mejorar; por otro, lo que todavía falta y no podemos dejar de señalar.
En términos políticos, el Gobierno Nacional de Javier Milei partió con la intención de realizar una concesión totalmente inconsulta con las provincias, sin reconocerles siquiera su condición de dueñas de los recursos hídricos. En ese contexto, el acuerdo anunciado representaría un avance: incorpora a Neuquén y Río Negro en el proceso, se allana a reconocer sus derechos conforme el Art. 124 de la C.N. y establece mejoras como el canon por uso del agua, regalías calculadas sobre el total de ingresos y la posibilidad de que las provincias perciban esas regalías en especie. Con respecto al porcentaje de regalías, no se ha ganado nada: el 12 % ya es el valor corriente, según Art. 1º de la Ley 23.164.
A falta de mayores detalles, nos preocupa pensar que en la letra chica del “acuerdo” hubiera pérdida/renuncia a determinados derechos y reclamos, como por ejemplo el reclamo judicial por las regalías mal pagadas de 2013 a la fecha.
No obstante lo anterior y mirando la parte llena del vaso, surge vincular los avances en la negociación con el resultado directo del trabajo persistente que venimos desarrollando desde este Foro: reuniones con distintos sectores políticos y técnicos, encuentros en ciudades de ambas provincias, jornadas de concientización y un seguimiento constante del tema, que logró instalar la discusión en la agenda pública. También es justo reconocer el aporte de otros espacios, como el de la Academia Nacional de Ingeniería.
Estamos convencidos de que este esfuerzo colectivo no solo obligó al Gobierno Nacional a retroceder en algunos aspectos de su planteo original, sino que también interpeló a los propios gobiernos provinciales para plantarse con mayor firmeza en defensa de los intereses de sus comunidades. Sin embargo, este avance no debe hacernos perder de vista lo que está en juego. Tal como está planteado se sigue dejando pasar una oportunidad histórica para recuperar el control pleno de nuestras centrales hidroeléctricas bajo gestión estatal nacional y provincial, con una operación unificada que permita un manejo óptimo del agua, la energía y el desarrollo productivo de la región.
La operación y mantenimiento volvería a quedar en manos privadas, y con ella, decisiones estratégicas sobre inversiones, seguridad hídrica, manejo del recurso y desarrollo económico, que deberían formar parte de una planificación pública y soberana. En el caso de la Provincia del Neuquén, esto no es menor, porque implicaría una renuncia de sus máximas autoridades a ejercer y hacer cumplir lo establecido en el Artículo 95 de su Constitución: “las fuentes energéticas en su territorio no pueden ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y/o consorcios de tipo cooperativo regidos por el Estado”.
Además, no surgen compromisos claros para cumplir con el fallo judicial de 2009 que ordena realizar las obras de seguridad pendientes aguas arriba de Portezuelo Grande; como tampoco para avanzar en nuevos aprovechamientos sobre el río Neuquén, como La Invernada, Cerro Rayoso, Chihuido I y II, imprescindibles para mitigar crecidas extraordinarias. No se habría definido un plan de financiamiento y fortalecimiento institucional y regulatorio de la AIC y del ORSEP, ni una política integral de manejo del agua que incluya un plan de irrigación que permita ampliar la superficie productiva. Tampoco se asegura que la energía generada otorgue beneficios diferenciales a la región fuente, ni que la compensación por el uso del recurso hídrico y la ocupación de tierras sea justa y proporcional. Hay 132.000 Ha ocupadas por los embalses con imposibilidad de desarrollo agropecuario y costero como explotación económica activa para las provincias.
Un aspecto que “sobra” en el comunicado de los gobernadores nos parece negativo: la dolarización de la tarifa. ¿Por qué los argentinos tenemos que pagar en moneda extranjera energía que se produce con recursos naturales, inversiones amortizadas y mano de obra que se paga en moneda nacional (pesos)? ¿Podremos pagar esa energía cuando el tipo de cambio notoriamente atrasado se corrija? Ese tipo de concesiones evidencia la concepción colonial de las actuales autoridades nacionales como provinciales.
Un aspecto que “falta” en el comunicado es ¿qué compromisos se asumieron para prever los proyectos y financiamientos necesarios para la extensión de la vida útil o reemplazo de las represas y centrales, que alcanzarán el fin de su vida útil hacia el final de las nuevas concesiones que se celebrarían? Porque, al menos, ya no se puede prescindir de ríos regulados para abastecimiento de agua, riego y atenuación de crecidas.
Más allá de lo que falta corregir y agregar, aun cuando los anuncios de los gobernadores marcarían un retroceso del Gobierno Nacional respecto a sus pretensiones iniciales, lo que en gran medida sería fruto del trabajo colectivo citado, advertimos que es necesario asegurar que esos avances queden plasmados de manera clara y exigible en los pliegos y contratos, con sanciones efectivas ante incumplimientos, y que se incorporen los aspectos estructurales que hoy están ausentes.
Finalmente, ratificamos lo expresado en nuestras Solicitudes de Información Pública, incumplidas sus respuestas por los estados Nacional como provinciales, respecto de la conveniencia de con vocar al pueblo en cada provincia a audiencia pública o consulta popular, para informar debidamente al soberano y pueda expedirse sobre su voluntad al respecto. De otro modo, el análisis y discusión formal solo quedará supeditado a las Legislaturas provinciales, las que entendemos que necesariamente deben intervenir y expedirse de manera previa a cualquier ratificación/rechazo de acuerdo con la Nación, so pena de nulidad del proceso licitatorio nacional.
Desde este Foro sostenemos nuestro compromiso de seguir trabajando con firmeza y en unidad para que las provincias ejerzan plenamente sus derechos, para que las obras y políticas necesarias se concreten, y para que el manejo de nuestros ríos y represas responda al interés colectivo y al desarrollo soberano y sustentable de toda la región.