El Departamento de Electromecánica del CPTN es parte de un espacio que trabaja en implementar medidas para el sector. Apuntan a la regulación de la tarea profesional de los instaladores en todo el país.
Debido a la innumerable cantidad de incidentes eléctricos e instalaciones deficientes, sumado a la falta de control sobre las tareas profesionales, crecen los incendios y pérdidas de vidas por electrocución. Por esta razón, el FONSE (Foro Nacional de Seguridad Eléctrica) decidió promover el Comité de Estudio del proyecto de Ley Nacional de Seguridad Eléctrica.
El FONSE (Foro Nacional de Seguridad Eléctrica) es un Foro consultivo conformado por cámaras, asociaciones civiles y entidades privadas relacionadas con el sector eléctrico. El Departamento de Electromecánica del CPTN, es parte de este espacio que trabaja sobre los principales temas que afectan a la seguridad eléctrica, los productos y las instalaciones, con el fin de preservar la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes.
El diagnóstico es duro: existe una latente y muy peligrosa situación de inseguridad eléctrica en las instalaciones de baja tensión -tanto públicas y privadas- como consecuencia de la falta de legislación, regulación y de controles necesarios por parte del Estado (en cuanto a proyecto, ejecución y materiales utilizados). “A esto se suman los escasos conocimientos técnicos, la nula actualización en los planes de estudios, la ausencia de verificación en el ejercicio de la tarea profesional, adicionada a la falta de ética comercial y profesional en una parte del sector eléctrico”, señalaron desde el FONSE.
Para dar respuesta a estas situaciones, el FONSE presentó un proyecto de Ley Nacional de Seguridad Eléctrica.
En los fundamentos del proyecto de ley se consigna que la iniciativa “surge del trabajo que vienen llevando adelante distintas cámaras, asociaciones civiles y entidades privadas relacionadas con el sector eléctrico”. Además alerta sobre “una latente y muy peligrosa situación de inseguridad eléctrica en las instalaciones de baja tensión” y aseguran que se deben “considerar la desinformación de usuarios del servicio eléctrico y de consumidores de materiales no normalizados”.
“Es fundamental tener en cuenta, además, que no existe firma del ejecutor de las instalaciones eléctricas en la mayor parte del país; no se realiza control de la ejecución, de la refacción, de la reparación de las instalaciones eléctricas, ni que estas cumplan la reglamentación vigente; tampoco se realiza inspección a canalización descubierta ni con la instalación finalizada. Otro punto a considerar es que falta una memoria técnica donde figuren datos de la instalación tales como: materiales certificados, fotos, esquemas unifilares, descripción de puesta a tierra, DPMS y otros que se informan al momento de entregarse una instalación”, detalla el proyecto.
Además, se resaltó que en la actualidad “no se cuenta con la generación de estadísticas ni difusiones públicas oficiales de siniestros eléctricos ni de seguridad y eficiencia eléctrica, lo cual imposibilita contar con datos reales y actualizados sobre las consecuencias de la inseguridad eléctrica”.
“Son necesarias varias acciones tendientes a obtener seguridad eléctrica en todo el territorio de la República Argentina, desde la sanción de normas que regulen la actividad, hasta su difusión y concientización, en un trabajo mancomunado de carácter federal, entre Nación, provincias y municipios”, explican en el proyecto.
“Es inminente procurar la regulación de la tarea profesional de los instaladores electricistas domiciliarios en todo el país y difundir el alcance profesional de los títulos y certificados de estudio de todos los niveles formales y no formales”, finaliza.
Qué dice el proyecto
El Régimen Nacional de Seguridad Eléctrica será de aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina. Entre sus objetivos se consigna:
- Preservar la seguridad de las personas humanas, el medio ambiente y los bienes.
- Estructurar una política orientada a la consolidación de normas y procedimientos que garanticen la seguridad eléctrica en todo el territorio nacional, conforme a las reglamentaciones vigentes de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).
- Impulsar la capacitación de los profesionales que intervienen en la rama eléctrica, incluyendo el reconocimiento de los instaladores electricistas, conforme a los alcances profesionales de sus respectivas formaciones, para proyectar, ejecutar, modificar, reparar y/o mantenerlas instalaciones a las que se refiere la ley, e integrar el Registro de Profesionales Electricistas.
- Promover y difundir las normas de seguridad eléctrica en todos los ámbitos, propiciándose la inclusión de contenidos mínimos sobre dicha temática en los programas de estudio de las instituciones educativas del país.
- Promover la seguridad eléctrica procurando la fiabilidad técnica mediante la utilización de materiales, elementos y equipos eléctricos normalizados, en base a normas emanadas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) o de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), y empleando las reglamentaciones de la AEA aplicables para los proyectos y ejecución de las instalaciones eléctricas.
Aplicación
El régimen se aplicará en instalaciones eléctricas del usuario del servicio eléctrico, públicas o privadas, distinguiéndose las siguientes:
- Instalaciones eléctricas existentes, anteriores a la entrada en vigencia de la ley que sean objeto de reconexión del servicio o de cambio de potencia y/o tensión.
- Instalaciones eléctricas existentes que por su estado o situación impliquen un riesgo evidente para las personas humanas, el medio ambiente o los bienes.
- Instalaciones eléctricas de alumbrado público o señalización.
- Instalaciones de usuarios que internamente generen su propia energía eléctrica, vinculados o no a la red de distribución.
- Instalaciones eléctricas nuevas, modificaciones o ampliaciones.
- Instalaciones eléctricas de uso circunstancial y de carácter transitorio.
- Todo otro tipo de instalación eléctrica que oportunamente pudiera definir la reglamentación o la Autoridad de Aplicación.