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Un negocio millonario que no beneficia a la región.

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La firma de los contratos de concesión de las represas del Comahue garantizó al Estado nacional ingresos por U$S 706.885.298,49, resultado de las ofertas presentadas por ocho empresas. Según informó el ministro de Economía, Toto Caputo, se trata de una recaudación inicial de unos U$S 642 millones, más otros U$S 42 millones adicionales por definir. Sin embargo, esta mirada meramente recaudatoria deja de lado aspectos fundamentales como la seguridad hídrica, la protección de la población y el manejo sustentable de los recursos.

Las represas de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila, Cerros Colorados y Pichi Picún Leufú fueron construidas con el aporte de todos los argentinos a través de las tarifas eléctricas. El sector privado no invirtió un centavo en su construcción, y ahora se pretende que estos activos estratégicos —que generan cerca de la mitad de la energía hidroeléctrica del país— queden en manos privadas por 30 años, en condiciones que resultan altamente cuestionables.

El caso de Piedra del Águila

La central Piedra del Águila, la más grande y moderna del conjunto con 1440 MW de potencia, continuará bajo la órbita del grupo Central Puerto, que ofreció U$S 245 millones por la nueva concesión. En pocos años de operación, la empresa recuperará con creces esa inversión, quedando los 28 años restantes como ganancia neta. Cabe señalar que Central Puerto tiene entre sus accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Aunque Nicky Caputo ha negado tener vínculos con el grupo, en el sector energético aún se lo menciona como una figura influyente en sus inversiones.

Lo que los pliegos de concesión no contemplan

El principal problema de estas privatizaciones no es solo el negocio en sí, sino todo lo que se omitió en los pliegos de licitación. Estas omisiones ponen en riesgo a las provincias, a la población y al futuro energético del país.

1. Falta de control provincial y pérdida de soberanía hídrica
Las provincias de Río Negro y Neuquén, dueñas del recurso, quedan al margen de las decisiones clave sobre el manejo del agua. No se prevé participación accionaria que les permita incidir en la operación, las inversiones o el control de los activos. Tampoco se contempla una tarifa preferencial para sus poblaciones o industrias, más allá de las migajas de las regalías.

2. Inexistencia de un manejo integrado de la cuenca
Al privatizar cada represa por separado, se pierde la posibilidad de una gestión unificada del sistema, algo imprescindible para garantizar:

• Control de crecidas: fundamental para evitar inundaciones aguas abajo.
• Abastecimiento de agua potable para la población.
• Disponibilidad de agua para riego e industria (especialmente en el Alto Valle y Vaca Muerta).
• Generación de energía, que debería ser un objetivo secundario una vez garantizados los anteriores.

La operación debería estar a cargo de una empresa única con visión integral de la cuenca, tal como funcionaba en sus orígenes con organismos como Hidronor.

3. Desinversión y fin de la vida útil
Los pliegos no establecen mecanismos para enfrentar el envejecimiento de las represas. Algunas, como El Chocón, tienen más de 40 años de operación. No se especifica:

• ¿Quién asumirá el costo de las batimetrías y posibles dragados por acumulación de sedimentos?
• ¿Qué pasará cuando las centrales lleguen al final de su vida útil?
• ¿Quién será responsable ante la pérdida de capacidad de embalse por fenómenos meteorológicos?

4. Energía cara para los argentinos
Las represas ya están amortizadas. Sus únicos costos reales son el mantenimiento y los salarios de los operadores. Esto debería traducirse en energía barata para todos los argentinos. Sin embargo, a partir del quinto año de operación, las concesionarias podrán vender la energía a precios de mercado, sin ningún tipo de regulación que beneficie al usuario final.

Lo más grave: la oportunidad perdida de construir nuevas represas

Las concesiones no prevén la construcción de nuevas centrales, algo que podría financiarse con un pequeño aporte adicional por MW generado (por ejemplo, un dólar por MW), administrado por un organismo técnico como el viejo Hidronor. Esto permitiría ampliar la oferta energética sin endeudar al país y sumar nuevas tierras a la producción.

Es urgente, además, la construcción de al menos una nueva represa sobre el río Neuquén (idealmente dos). De no hacerse, el riesgo de inundaciones graves aguas abajo y hasta el posible colapso del sistema existente es cada vez mayor.

Conclusión: un debate que no puede postergarse

Aunque en enero de 2026 se concretó el traspaso de estas centrales a operadores privados, el debate sobre su gestión está lejos de cerrarse. Están en juego:

• La soberanía energética del país.
• La seguridad de millones de personas que viven aguas abajo.
• El acceso al agua para consumo humano, riego e industria.
• El futuro de la matriz energética argentina, que depende en gran parte de estas represas.
• El desarrollo económico y social de la región. 

El tratamiento superficial que los gobiernos nacional y provincial han dado a estos temas debería preocuparnos a todos los argentinos, pero especialmente a quienes vivimos aguas abajo de las represas. La falta de transparencia, la omisión de estudios de impacto ambiental y la prioridad absoluta dada a la recaudación inmediata son señales de alarma que no podemos ignorar.

Resumen de los principales riesgos:

• Pérdida de soberanía hídrica para las provincias.
• Desintegración del manejo de cuencas, con graves consecuencias para el control de inundaciones y el suministro de agua.
• Desinversión y falta de previsión ante el envejecimiento de las centrales.
• Encarecimiento de la energía a futuro.
• Oportunidad perdida de financiar nuevas represas sin endeudamiento.
• Riesgo para la población ante eventos climáticos extremos.

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