El 2023 ha sido el año en que comenzó a operar el vencimiento de los contratos de entrega en concesión para explotación de las represas que el Estado Nacional construyó en las décadas del 70, 80 y 90 a través de Hidronor S.A. y Agua y Energía Eléctrica de la Nación. 

Represas que significaron un enorme esfuerzo nacional financiado íntegramente con fondos de los contribuyentes del Estado argentino. Permitió al país dar un salto enorme en productividad y calidad de vida de una gran parte de sus habitantes, y solucionar ampliamente la demanda energética industrial, en un contexto planificado de crecimiento y progreso. 

La empresa Hidronor SA, creada en 1967, por exigencias del Banco Mundial, con el 51% de participación estatal, tenía bajo su responsabilidad la gestión de casi todo el sistema de producción hidroeléctrica de la Norpatagonia. Al momento de su liquidación, poseía seis centrales (El Chocón, Planicie Banderita, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú) y varias más en proyecto (Michihuao, Collón Cura, Chihuidos), lo que le permitía facturar entre 450 y 550 millones de USD anualmente. 

Con un capital de trabajo enorme, estimado en ese entonces en más de 8 mil millones de USD, entre centrales, edificios, laboratorios, tierras, vehículos y equipamiento especial; se trató de una gestión eficiente en sus obras, sin atrasos, siempre ajustada a presupuestos y con excelente calidad. Sin embargo, el mayor activo, era su capital humano capacitado. En síntesis, el corazón de Hidronor se centraba en las capacidades tecnológicas de la compañía.

La entrega en concesión a manos privadas, de 1993, trajo aparejado el despido de casi todo su personal calificado, ingenieros, técnicos y especialistas, que el Gobierno Nacional no podía ni tenía intenciones de conservar.

Esta maniobra ha privado al país de la posibilidad de ampliar su capital Hidroeléctrico, mejorar sus capacidades tecnológicas, convertirse en un jugador global y exportar conocimiento, provocando una herida enorme a la soberanía nacional.

Como bien lo expresan las investigadoras de CONICET,  Susana Bandieri y Graciela Blanco: “La privatización de Hidronor en la década menemista fue un indudable negocio para los capitales multinacionales. Este proceso se realizó en un marco de flexibilidad que pretendía facilitar las negociaciones con las empresas privadas. Por tal motivo, algunas cuestiones como las exigencias ambientales fueron minimizadas, salvo temas muy puntuales, a favor de la posibilidad de obtener mejores ofertas. Por otra parte, cabe mencionar la rentabilidad asegurada de la generación hidroenergética para los nuevos concesionarios, cuando ya las obras –con la sola excepción de Pichi Picún Leufú- habían sido construidas por la empresa estatal y se encontraban en actividad. Tampoco se fijaron normas claras respecto de la responsabilidad del Estado Nacional y/o de los gobiernos provinciales en la gestión ambiental y su financiamiento. Además, el accionar de las empresas que controlan la generación de hidroenergía sin un marco regulatorio adecuado y, sobre todo, eficaz, desnudó un criterio de beneficios exclusivamente económicos, ajeno al contenido social que debe guiar la rentabilidad de las empresas públicas”. 

Pasaron 30 años, las represas están al borde de su vida útil, los concesionarios jamás hicieron las inversiones acordadas, limitándose a cosechar los frutos del esfuerzo nacional.

Obviamente la experiencia fue nefasta y la continuidad del status quo no traerá beneficio alguno, ni a las Provincias ni a la Nación Argentina.

La situación no es simple, ya que algunas están sobre el fin de su vida útil, como El Chocón, por lo que una renovación de contrato chocará de frente con la dura realidad.

El estado de las máquinas podría permitir todavía algún aprovechamiento. No obstante, se requiere de un programa intenso de reparaciones y renovación, lo que implicaría inversiones, que el estado no puede y los privados no quieren afrontar.

Un panorama desolador para la industria nacional, resignada casi a sobrevivir a costa de la energía generada por centrales térmicas de Gas Natural, un poco más baratas, pero lejos de los objetivos de descarbonización planteados, más lejos aún de  cualquier proyecto de desarrollo tecnológico vernáculo.

Cumplido el plazo establecido para la explotación comercial, el sistema político actual debe decidir si se renueva la concesión, se recupera la renta completa de las centrales o se opta por una alternativa más sustentable, que considere seriamente objetivos muy claros, de recuperación y multiplicación de capacidades tecnológicas pérdidas, que permitan a la región gestionar su propio desarrollo energético y participar activamente en el cuidado de su medio ambiente.

En tal sentido, la responsabilidad que le cabe a la dirigencia política actual no es menor, implica desarrollar estrategias adecuadas, con la mirada puesta en el desarrollo inmediato de las capacidades perdidas. Toda vez que la penuria hídrica, que ya venimos experimentando desde hace más de una década y media, se prolonga en el tiempo su producción hidroeléctrica. Por ende, los ingresos por regalías se verán ampliamente disminuidos. El agua será un activo de alto valor, que deberemos cuidar a extremo, lo que obligará a desarrollar fuentes energéticas alternativas y complementarias, con el objetivo de maximizar su disponibilidad.

En palabras de Otto Von Bismark, que tantas veces utilizó el Dr. Jorge Sapag,  “político es aquel que piensa en las próximas elecciones, gobernante es el que piensa en las próximas generaciones”.

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