El año próximo vence la concesión para la explotación de las represas que el Estado Nacional construyó en las décadas del 70 y 80.
Como ya es de dominio público, en 2023 vence la concesión para la explotación de las represas que el Estado Nacional construyó en las décadas del 70 y 80, a través de Hidronor S.A. y Agua y energía eléctrica de la Nación.
Represas que significaron un enorme esfuerzo nacional, financiado íntegramente con fondos de los contribuyentes del estado argentino, y que permitió al país dar un salto muy importante en productividad y calidad de vida de una gran parte de los habitantes de este país.
La empresa Hidronor SA, Creada en 1967, por exigencias del Banco Mundial, con el 51 % de Participación estatal. Tenía bajo su responsabilidad la gestión de casi todo el sistema de producción hidroeléctrica de la Norpatagonia. Seis centrales (El Chocón, Planicie Banderita, Arroyito, Alicurá, Piedra del águila, Pichi Picún Leufú) y varias más en proyecto (Michi huao, Collón cura, Chihuidos). Con esto su capital de trabajo era enorme (estimado en 25.000 Millones de USD, entre centrales, edificios, laboratorios, tierras, vehículos y equipamiento especial), sin embargo, su gestión era sumamente eficiente en sus obras, sin atrasos, siempre ajustada a sus presupuestos y con excelente calidad. Su mayor activo, sin embargo, era su muy capacitado recurso humano. En síntesis, el corazón de Hidronor se centraba en las capacidades tecnológicas de la compañía.
La empresa fue liquidada sin justificativo alguno, en su plenitud por el sistema político Nacional en 1993, desmantelada. Expoliado su personal, y luego concesionado para su explotación el capital residual que eran sus represas y sistema de transmisión de energía.
Esta circunstancia (vil maniobra) ha privado al país de la posibilidad de ampliar su capital Hidroeléctrico, mejorar sus capacidades tecnológicas, convertirse en un jugador global y exportar conocimiento, infringiéndole una herida enorme a la soberanía nacional.
Cumplido el plazo de 30 años establecido para la explotación comercial, el sistema político actual debe decidir si se renueva la concesión o se re estatizan las represas.
La situación no es simple, ya que algunas están sobre el fin de su vida útil, como El Chocón, por lo que una renovación de contrato chocará de frente con la dura realidad: la ausencia de oferentes. El estado de las máquinas podría permitir todavía algún aprovechamiento, no obstante, se requiere de un programa intenso de reparaciones y renovación, lo que implicaría inversiones, que el estado no puede y los privados no quieren afrontar. Por otra parte, el cambio climático se ha manifestado con ya casi 15 años de sequía en las cuencas hídricas (según AIC), esto implica que el costo de generación es alto e ineficiente debido al bajo nivel de las aguas. Un panorama bastante desolador para la industria nacional, resignada casi a sobrevivir a costa de la energía generada por centrales térmicas de Gas natural, un poco más baratas, pero muy contaminantes.
Hasta aquí, la imaginación ha alcanzado para plantear cinco alternativas.
Revamping a cargo del estado y Renovación de las concesiones hasta fin de la vida útil.
Revamping y estatización de la administración y gestión hasta fin de la vida útil.
Revamping y Recrear HIDRONOR S.A. o una sociedad/consorcio de similares características, para gestionar las represas desde una empresa mixta (Propuesta del Ing. La Peña).
Revamping y Crear un ENTE o institución similar, para gestionar las represas desde los estados provinciales y nacional.
Revamping y Combinar la generación de las represas con centrales a gas.
En cualquiera de los casos, el gasto es de los contribuyentes argentinos. Y tal parece que el estado nacional no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el revamping. Sin contar la posibilidad de que la picardía política Nacional, de rancio abolengo ya, convierta a las represas en depósitos de militantes, generando empleo espurio y llenándolas de personal innecesario, como ya ocurrió con Hidronor desde 1983 en adelante.
Cualquiera de las opciones elegidas no generará mayores beneficios a la sociedad, más bien todo lo contrario.
¿Qué condiciones debe reunir una propuesta para que sea provechosa?
Debe significar explícitamente un ahorro de los escasos recursos de los contribuyentes.
Debe permitir un manejo eficiente del recurso hídrico.
Generar utilidades para sus gestionadores (privados, estatales o mixtos)
Generar nuevas capacidades tecnológicas, con la finalidad de recuperar las capacidades perdidas y potenciarlas para competir en los mercados internacionales.
Ninguna de estas condiciones se cumplirá con cualquiera de las cinco propuestas de gestión y resulta sumamente sencillo demostrarlo.
El problema es complejo y requiere del concurso de todas nuestras capacidades intelectuales. Ya que, si no se cumplen las cuatro condiciones expuestas, todo el esfuerzo será inútil y caerá en saco roto. Nada servirá, no habrá posibilidades de futuro para los niños y jóvenes neuquinos y rionegrinos. Solo un presente incierto, y un futuro de dudosa esperanza.
No se trata de elegir la opción menos peor, esa opción no existe, hay que buscar alternativas que realmente cumplan con las cuatro condiciones esenciales y para ello hay que despojarse de viejos prejuicios, romper con las cadenas que atan nuestra imaginación y asumir decididamente la responsabilidad que implica liderar un proceso de gobierno, tanto provincial como nacional, basando el desarrollo en la economía del conocimiento, y fundamentalmente no descartar opciones poco convencionales para la región, como la Energía Geotérmica o la Nuclear.

Provincia quiere recuperar el manejo de las represas
Se conformó una comisión integrada con Río Negro para participar activamente en las decisiones que deban adoptarse ante el vencimiento de las licencias en 2023.
El gobierno de Neuquén envió a la Legislatura provincial un informe jurídico-político en el que ratifica los argumentos que avalan la competencia provincial para la recuperación del manejo y administración de las represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, cuyas concesiones vencerán en el segundo semestre de 2023.
La propuesta fue elaborada por el Consejo de Planificación y Desarrollo de Neuquén (Copade) "como un aporte al debate político y jurídico en torno a las concesiones que vencerán el próximo año".
El titular de Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, indicó que "el informe profundiza y desarrolla los fundamentos que sostienen la postura de la provincia del Neuquén, señalando los argumentos y contra argumentos vinculados a las competencias provinciales y federal en esta temática".
"Un análisis sustancial ocupa el hito que significó la consagración expresa del dominio de los recursos naturales por parte de las provincias, a partir de la reforma constitucional de 1994", sostuvo.
Por su parte, la directora Provincial de Planificación Territorial, Daniela Torrisi, precisó que "el estudio se inicia con un diagnóstico sobre el papel que actualmente las centrales hidroeléctricas desempeñan en la generación de energía mundial".
"Prosigue -agregó- con un análisis sobre los factores de riesgo asociados a tales tipos de infraestructura y sus impactos ambientales, describiendo además la actual situación de emergencia hidrológica en la región".
Esta postura fue comunicada oportunamente a las autoridades nacionales a partir de la integración de una comisión integrada con la provincia de Río Negro para participar activamente en las decisiones que deban adoptarse ante el vencimiento de las licencias en 2023.
Las concesiones fueron otorgadas a grupos privados en 1993 para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.
El informe oficial señala que "una vez vencidas las concesiones el próximo año, se extinguirá el derecho del Estado nacional de adoptar decisiones en materia de aprovechamiento del recurso sin la obligada participación de sus titulares originarios: las provincias del Neuquén y de Río Negro".
El titular del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono sostiene que "la concertación dialogada y consensuada federal será la base para encontrar acuerdos vinculados al futuro de las represas hidroeléctricas".
En todo el país, hay 22 represas hidroeléctricas cuyos vencimientos de concesión comenzarán a operar a partir de agosto de 2023, tras 30 años de manejo privado, proceso que ya entró en una etapa de debate y definiciones sobre la continuidad en manos privadas o retorno a la gestión estatal, a lo cual se suma el presente reclamo de las provincias para tener una mayor injerencia en el tema.
A comienzos de marzo, la Secretaría de Energía anunció la conformación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados" (ETAHC), quien estará integrado por representantes de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, Cammesa, el Enre y la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa).