El Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén trabaja fuerte para dictar las capacitaciones que impuso la ley nacional, a partir de la cual todos los poderes del estado deben estar capacitados en temas ambientales.
La Ley n.º 27592, también llamada Ley Yolanda, estructuró la línea de trabajo puertas adentro del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén (CPAN). Es que el principal objetivo de la nueva legislación es garantizar la formación integral en ambiente, y desde el Colegio no dudaron ni un minuto: tomaron la posta y empezaron a solicitar al Estado ser los encargados de capacitar a las personas que se desempeñan en la función pública.
“Firmamos convenios con la municipalidad, con el Poder Judicial, mantenemos reuniones con el poder legislativo y firmamos un convenio con la Universidad del Comahue, para poder cubrirnos académicamente y coordinar los contenidos que se van a dictar en estas capacitaciones. Nos fuimos armando los papeles para ahora poder encarar las capacitaciones en sí”, explicó Martín Islas, Presidente del CPAN.
La ley Yolanda establece que las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental, con perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático.
Desde CPAN se aspira a que el tema ambiental tenga transversalidad. “Tenemos que lograr que sea transversal a todas las líneas políticas del gobierno. O sea, que cada uno de los funcionarios de los tres poderes tiene que tener un componente ambiental. Va a ser distinto el componente ambiental de un jefe de fiscales que el de alguien que esté en una mesa de entrada. Sin desmerecer ningún trabajo, algunos funcionarios tienen la función de establecer políticas públicas, y deben tener las herramientas necesarias para hacerlo en torno al tema ambiental. En consecuencia, el objetivo son todos los poderes del Estado, pero se trabajará en diferentes niveles dentro de las capacitaciones”, amplió.
Para el Colegio, la finalidad de la formación integral es hacer un aporte al compromiso que asumió Argentina respecto al cambio climático. “Otro de nuestros objetivos es evitar que se politice el tema, como ocurrió con otras leyes similares, como la Ley Micaela. Por esa razón estamos armando el equipo técnico que dictará las capacitaciones”, agregó.
Ley Yolanda y Vaca Muerta
Hoy, la generación de energía es uno de los principales causantes del cambio climático.
“La provincia de Neuquén es netamente hidrocarburífera. Somos conscientes de que es la principal actividad económica y por esa razón debe ser sustentable la extracción de los hidrocarburos. Eso quiere decir que debe tener el menor impacto posible y debe perdurar en el tiempo”, subrayó el presidente del CPAN.
En esta primera etapa, la finalidad es generar conciencia a los funcionarios para que entiendan que hay un cambio climático que está llegando y que hay que trabajar. El primer paso es medir cuánto emite la provincia de Neuquén para alcanzar un diagnóstico. “Si sabemos cuánto emitimos, y todos sabemos de qué estamos hablando, se pueden generar las medidas para bajarlo. Pero no es lo mismo generar políticas públicas sin que se entienda, que hacerlo con gente capacitada”, remarcó.
Desde el CPAN se apunta a tomar medidas antes de que lleguen los efectos del cambio climático. “La gente no se preocupa por el cambio climático. La realidad es esa. ¿Cuánto del porcentaje de la población está preocupada por esa situación? Y más en Argentina o en Latinoamérica donde no tenemos efectos tan directos del cambio climático”.
La ley Yolanda fue sancionada el 17 de noviembre de 2020, y la provincia de Neuquén adhirió a la misma en marzo del corriente año. Hace tres meses que el CPAN lleva adelante las tareas de este proyecto. “Nuestra meta es que la ley se lleve a cabo de manera profesional y sin tintes políticos. Por eso lo trabajamos desde la universidad y sumamos a abogados, y profesionales del ambiente externos para conformar un equipo denominado 'formador de formadores'. Esto quiere decir que va a existir un equipo que va a formar a un grupo de matriculados que luego van a dictar esta capacitación”.
El equipo de trabajo está conformado por abogados, docentes e investigadores de la Universidad del Comahue y profesionales específicos de capacitación. Se estimó que las capacitaciones darán inicio en octubre.
Un registro
La idea del Colegio es formar un registro de capacitadores de la Ley Yolanda. Ese registro debe estar libre y en la web para que cualquier organismo que quiera contratar a los profesionales del ambiente que ya pasaron por el curso de formador de formadores, puedan hacerlo desde allí. No va a ser el Colegio, sino sus matriculados los encargados de dictar los cursos.
Los primeros en recibir estas capacitaciones serán los funcionarios de la Municipalidad de Neuquén. Para ello se firmó un convenio marco y luego un acta específica por este tema. De esta primera experiencia se analizará más tarde su repercusión y el impacto del mismo, dado que será de carácter obligatorio.
"Es obligatorio aunque no se establecieron plazos para realizarlo. Tenemos que ver cómo se va a ejecutar desde la Municipalidad y cómo cada secretaría va articulando con su gente", explicó.
Recientemente el CPAN mantuvo una reunión con el EPAS. "Quieren trabajar con el uso racional del recurso hídrico", se adelantó.
Ventajas de matricularse
A nivel profesional, la principal ventaja de matricularse es el amparo para trabajar en temas ambientales. “Hay una ley provincial que nos ampara. Además es un lugar en el que existe un código de ética y una regulación de honorarios y mil beneficios desde lo económico gracias a los convenios con comercios que brindan descuentos a los matriculados”, resaltó Islas.
Lo más importante, de todos modos, es estar amparado por un colegio que te defienda.
El 90% de los matriculados del CPAN son profesionales que trabajan de manera independiente. Son empresarios -con consultoras o afines- o son monotributistas. Hay un porcentaje que se nos escapa, que es la cantidad de profesionales que trabajan en autoridades de aplicación o empresas operadoras que deberían estar matriculados.
Hay un porcentaje muy alto de profesionales que no se matricularon a causa de que no lo requiere la autoridad de aplicación. Por ello, para una segunda etapa, la idea es matricular a todos aquellos que trabajan en ambiente, ya sea en relación de dependencia como independientes. Esa exigencia, aseguran, debe venir por parte del Estado.
¿Qué es la ley Yolanda?
La Ley n.º 27592 o Ley Yolanda es una ley que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020.
El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en el año 1973.
El objetivo principal de la Ley Yolanda es que los funcionarios y empleados públicos comprendan la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas para contribuir, desde la gestión estatal, a la construcción de una Argentina ambientalmente sostenible.