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La reforma laboral elevó la importancia del control documental para las empresas que trabajan con proveedores.

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Cualquier empresa que contrata a otra para que le preste un servicio —desde una petrolera que subcontrata seguridad hasta una fábrica que terceriza la limpieza— corre un riesgo que muchas veces desconoce: si esa empresa contratada no tiene a sus empleados con la ART al día, la que la contrató puede terminar pagando esa deuda. Eso se llama responsabilidad solidaria, y la Ley 27.802, sancionada en marzo de 2026 y conocida como Ley de Modernización Laboral, cambió las condiciones bajo las cuales se aplica.

Qué es controlar la documentación de un contratista

Cuando una empresa terceriza un servicio, tiene que pedirle a esa empresa contratada ciertos documentos que demuestran que está en regla con sus propios trabajadores: que cada empleado está anotado correctamente, que el sueldo esté acreditado en las cuentas, que cuente con un seguro contra accidentes de trabajo (ART), seguro de vida obligatorio, que la empresa los haya provisto de los EPP (elementos de protección personal), entre otros requisitos. A esa tarea de pedir y revisar esos papeles se la conoce como control documental de contratistas.

Antes de la reforma, hacer ese control no alcanzaba para evitar el riesgo. Si un empleado de la empresa contratada reclamaba algo —por ejemplo, que no tenía ART o el seguro de vida—, la Justicia podía obligar a pagar tanto a la empresa contratada como a la que la había contratado, incluso si esta última había pedido y revisado toda la documentación.

 Bastaba con que el trabajo tercerizado estuviera relacionado con la actividad de la empresa, y los jueces interpretaban eso de forma amplia: no solo la actividad principal, sino también servicios como limpieza o vigilancia. Una petrolera podía terminar pagando una deuda de la empresa que le hacía la seguridad de un yacimiento, aunque esa tarea no tuviera nada que ver con la extracción de petróleo.

Qué cambió con la nueva ley

Ahora, si la empresa hizo ese control —pidió y guardó los papeles correspondientes a lo largo de 10 años— y resulta que el contratista le entregó documentación falsa, la empresa que contrató el servicio no tiene que responder por esa deuda. La ley pasó a exigir cuatro cosas puntuales para que una empresa quede protegida: el número de identificación de cada trabajador del contratista, el comprobante de que le pagaron el sueldo, que ese sueldo se haya depositado en una cuenta bancaria, y que tenga el seguro de ART vigente.

Eso sí, la protección tiene un límite. Si en los hechos se comprueba que la empresa contratada no tiene estructura propia y que es la empresa que la contrató la que realmente da las órdenes, controla los horarios y pone las herramientas de trabajo, un juez puede considerar que se trató de una simulación y de todas formas hacer responsable a la empresa principal.

El cambio ya empezó a probarse en los tribunales. En julio de 2026, una Corte provincial dictó el primer fallo que avaló este nuevo esquema, un antecedente que las empresas del sector energético siguieron de cerca.

El control documental como inversión estratégica

Para una región como Vaca Muerta, donde la mayoría de los trabajos —desde la perforación hasta el transporte— se hacen a través de empresas proveedoras, este cambio legal le dio al control documental un peso que antes no tenía: dejó de ser un trámite administrativo y pasó a ser la principal herramienta con la que cuentan las empresas para no terminar pagando deudas ajenas.

Pero la nueva ley no resuelve por sí sola un problema que las empresas de la región conocen bien: la operación diaria. Desde Comunicar Seguridad, empresa que brinda el servicio de control documental de contratistas, señalaron que buena parte de las consultas que reciben no tienen que ver con el marco legal, sino con la ejecución.

"Vemos paradas de planta por falta de documentación de un proveedor, o por certificaciones de capacitación vencidas que nadie controló a tiempo”, explicó Rosana Gisfman, referente de la firma. “El problema no es no saber qué hay que pedir, es no tener un sistema que lo controle todos los meses, para cada contratista", agregó.

Ese es, según la consultora, uno de los puntos donde más falla el control documental cuando se hace de manera artesanal o con planillas: alcanza con que un contratista tenga un mes con la ART vencida o un recibo sin acreditar para que la empresa pierda la protección que ahora le da la ley. 

En Comunicar Seguridad plantean que buena parte de las empresas de control documental que operan en la zona ofrecen un servicio parcial —controlan algunos documentos pero no otros— o demoran varios días en validar la documentación de un proveedor nuevo, un tiempo que en una operación petrolera puede significar una parada de planta o una cuadrilla esperando en la garita. Esas demoras generan pérdidas económicas para ambos lados: para la empresa que ve su operación detenida, y para el proveedor, que muchas veces desconoce cómo funcionan estos sistemas de control y termina llegando a destino sin la documentación validada. 

Es habitual que una carga o transportista recorra largas distancias y, al llegar, se encuentre obligado a volver sin poder ingresar, con los gastos que eso implica y sin que nadie haya evaluado antes el retorno de la inversión que representa contar con un servicio tercerizado de control documental. 

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