Finalmente llegó el momento en que las concesiones de las centrales hidroeléctricas a manos privadas están finalizando.
Como ya es de dominio público, en este año 2023 vence la concesión para la explotación de las represas que el Estado Nacional construyó en décadas pasadas, a través de Hidronor S.A. y Agua y Energía eléctrica de la Nación. Las cuales permitieron a la región y al país, dar un salto enorme en productividad y calidad de vida.
Hidronor SA, creada en 1967, por exigencias del Banco Mundial, con el 51 % de participación estatal, tenía bajo su responsabilidad la gestión de casi todo el sistema de producción hidroeléctrica de la Norpatagonia. Seis centrales (El Chocón, Planicie Banderita, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufu) y varias más en proyecto (Michi Huao, Collón Cura, Chihuidos). Con los años había desarrollado un enorme capital de trabajo, estimado en más de 25.000 millones de USD, entre centrales, edificios, laboratorios, tierras, vehículos y equipamiento especial, que le permitía proveer casi 5000 MW a la red interconectada nacional. Con esto, la Nación entera podía disponer de energía económica en grandes cantidades.
Pero lo más jugoso de la compañía Hidronor S.A, era la tremenda capacidad técnica acumulada en años de gestión de presas y centrales, desde el diseño hasta la construcción y posterior gerenciamiento. Esto le permitía competir a nivel global en licitaciones para la construcción de centrales, de hecho, la empresa estaba compitiendo en un proceso licitatorio al momento de su desguace. Su mayor activo, sin dudas, era su muy capacitado recurso humano. En síntesis, el corazón de la compañía se centraba en sus capacidades tecnológicas.
La empresa, fue liquidada sin justificativo alguno, en su plenitud, por el sistema político nacional en 1993, desmantelada, expoliado su personal, y luego concesionado para su explotación el capital residual que eran sus represas y sistema de transmisión de energía.
Esta vil maniobra, ha privado al país de la posibilidad de ampliar su capital Hidroeléctrico, mejorar sus capacidades tecnológicas, convertirse en un jugador global y exportar conocimiento, infringiéndole una herida enorme a la soberanía nacional. Desde entonces, no ha sido posible construir una central en el país, mucho menos afuera.
Cumplido el plazo de 30 años establecido para la explotación comercial, el sistema político actual debe decidir si se renueva la concesión o se re estatizan las represas. En tal sentido, el estado nacional ha tomado una decisión unilateral, despertando los humores provinciales y generando efervescencia en las comunidades ribereñas.
La primera señal es clara, reestatización. No obstante, las condiciones han cambiado, los gobiernos provinciales, las poblaciones ribereñas, y la población en general han adquirido educación suficiente para entender que pueden y deben participar del proceso de gestión futura.
Con metas muy claras, de recuperación de capacidades tecnológicas perdidas, y multiplicación de las mismas, que permita a la región gestionar su propio desarrollo energético, y participar activamente en el cuidado de su medio ambiente.
En tal sentido, la responsabilidad que le cabe a la dirigencia política actual no es menor, implica desarrollar estrategias adecuadas, con la mirada puesta en el desarrollo inmediato de las capacidades perdidas, toda vez que la penuria hídrica, que ya venimos experimentando desde hace una década y media se prolongará en el tiempo, y consiguientemente su producción eléctrica, con lo cual los ingresos por regalías se verán ampliamente disminuidos. El agua como recurso, será un activo de alto valor, que deberemos cuidar a extremo, lo que obligará a desarrollar fuentes energéticas alternativas y complementarias, con el objetivo de maximizar su disponibilidad.
Sin dudas, la asamblea del 12 de Junio en la legislatura de la provincia de Neuquén, dejó en los asistentes la convicción de actuar y enfrentar la situación en plenitud.
Desde este medio, abogamos por un pronto entendimiento y reconocimiento de los derechos provinciales sobre los recursos naturales, un abordaje en conjunto y en plena concordia entre los representantes de los gobiernos nacional y provinciales, con las metas claramente direccionadas en los objetivos que hemos descripto.