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Las represas del Comahue se privatizarán

El Gobierno publicó los pliegos para el concurso de concesión de las represas, por 30 años.


El Gobierno nacional lanzó un concurso público nacional e internacional para la re privatización de la operación de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro.

La medida se formalizó a través de la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de desinversión de la empresa estatal ENARSA. El esquema prevé la venta total del paquete accionario de las sociedades operadoras.

El procedimiento, que se llevará adelante a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2025, con la presentación de ofertas fijada para el 23 de octubre próximo. La concesión de los complejos, que ya había sido privatizada en la década del ‘90, será por 30 años.

El pliego de licitación establece un esquema que dolariza la remuneración que percibirán los concesionarios, con un ajuste que se hará por la inflación de Estados Unidos. Se trata de un mecanismo diseñado para blindar la inversión frente a la volatilidad económica local. Además, los nuevos concesionarios podrán comercializar libremente un porcentaje cada vez mayor de la energía que generen en el mercado mayorista.

El proceso no está exento de controversias, ya que introduce una paradoja: la energía se produce con recursos hídricos argentinos, pero se facturará en dólares, un esquema que remite a las privatizaciones de los años noventa.

Otro de los puntos de alerta es la situación con la empresa AES, la eléctrica estadounidense que administra la represa de Alicurá y que ya manifestó su interés de seguir operando.

La compañía demandó al país ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) en 2002 y en mayo de 2025 obtuvo un fallo unánime a su favor, que condena a la Argentina a pagarle 732 millones de dólares. Mientras la deuda continúa impaga, la pregunta que se abre en el sector es si el gobierno renovará la concesión a AES a cambio de un desembolso en dólares o si buscará compensar la deuda con el nuevo contrato.

En este contexto, el concurso público apunta a la venta del 100% de las acciones de cuatro sociedades que hoy se encuentran en manos de ENARSA: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. Los títulos se dividen en 51% de acciones clase A, 47% clase B y 2% clase C.

Pueden participar compañías nacionales y extranjeras, pero con limitaciones: ningún inversor podrá concentrar más del 20% de la generación eléctrica del país y un mismo grupo no podrá quedarse con más de dos represas. Además, se prohíbe expresamente la participación de provincias, municipios y uniones transitorias de empresas.

Por otra parte, el Gobierno nacional destacó que los pliegos de concesión se elaboraron en coordinación con las provincias de Neuquén y Río Negro, e incorporaron demandas históricas de ambas jurisdicciones.

Entre los cambios más significativos, se modificó el cálculo de las regalías, que ahora se basará en el 100% del valor de la energía generada. Con este nuevo cálculo, la recaudación por regalías hidroeléctricas de Neuquén se multiplicará por tres. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, indicó que también se incorporó la opción de que las provincias cobren regalías en especie, con un porcentaje inicial de hasta el 50%, y con la posibilidad de alcanzar el 100% durante la vigencia de la concesión.

La posibilidad de recibir energía para uso propio le permitirá a la provincia apuntalar actividades como la industria. El mandatario anticipó, además, que se analiza un formato para extender el cobro en especie a otras áreas de la producción energética, como el petróleo y el gas.

Otro de los puntos centrales del acuerdo fue la aplicación del canon de agua, establecido por las legislaturas de Neuquén y Río Negro. El canon de agua, de un 2%, se destinará al Estado provincial. En el caso de las represas del Limay, será un 1% para cada provincia, y en las del Neuquén, un 2% para la Provincia. En cuanto a la seguridad hídrica, el gobernador recordó un fallo de la Corte Suprema que exigía la realización de obras aguas arriba del río Neuquén. En los nuevos pliegos, se contempló que se financien los estudios necesarios y la obra que deba ejecutarse.